Según los últimos informes publicados hasta la fecha de cierre de esta edición, la presunta asesina de Isabel Carrasco, Montserrat González, reveló a la policía que el arma con el que acabó con la vida de la presidenta de la Diputación de León fue un revólver Taurus del calibre .38 Special adquirido fuera de los habituales cauces legales. Para más señas, la acusada admitió que el vendedor del revólver fue un toxicómano que le cobró 2.000 euros por esta arma de tambor. Un arma sin papeles que por cierto parece estar “limpia”, es decir, que según los análisis balísticos de la Policía Nacional, ese revólver en cuestión no se habría utilizado en ningún otro acto delictivo. Lógicamente, este Taurus del .38 tenía el número de serie borrado, para eliminar así cualquier indicio sobre su origen o procedencia.
Visto lo visto, a la presunta asesina Montserrat González le bastó con tener la siempre difícil voluntad de matar y contactar con el mundo del hampa para conseguir por 2.000 euros un arma con la que cometer el crimen que tenía en mente desde hace algunos años. Parece fácil, ¿no? Si de verdad lo es, ¿por qué no se controla más este ilegal mercado negro al que presuntamente se accede de forma tan sencilla?, ¿por qué las autoridades policiales no centran su foco y ponen todos sus esfuerzos en controlar estos puntos de circulación ilegal de armas de fuego? Hasta ahora, parece que la vigilancia y el control más férreo y absoluto sólo afecta a los tiradores deportivos, cazadores, coleccionistas y demás propietarios legítimos de armas de fuego. Por cierto, unas armas, estas sí con papeles, con un índice de criminalidad realmente muy bajo.
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