La cuestión tiene tomate.

[mercurio]

Quiero, compartir con ustedes el correo que recibo, el cual contiene tomate.

SUP.
Numerosos policías han sido expulsados,
condenados por detención ilegal.

En 1995, siendo Belloch ministro de Justicia y M- Teresa Fernández de la Vega (actual vicepresidenta Primera) Secretaria de Estado de Justicia, se aprobó un Código Penal que pomposa y falsamente, llamaron "de la democracia". Ese Código Penal adelantaba la prescripción del delito de encubrimiento de los cinco a los tres años (los encubridores quedaban impunes dos años antes que hasta entonces, medida que nunca se ha explicado a quien pretendía proteger), y en cambio para los delitos relacionados con funcionarios públicos y las condenas de inhabilitación, se añadía en dos artículos la palabra "definitiva", y lo que hasta entonces era una condena con suspensión de funciones por el tiempo que durase la misma (seis meses, dos años, ocho años...) tras lo cual el policía podía volver a ejercer su trabajo, se cambió por la expulsión definitiva de la Policía aunque la condena fuese de 6 meses de inhabilitación. Tenemos menos garantías jurídicas que los cómplices de los terroristas. La mesa Nacional de Herri Batasuna fue excarcelada porque el Tribunal Constitucional entendió que el artículo del Código Penal aplicado no permitía graduar la sanción a la conducta concreta que debía sancionarse. Ese mismo criterio debía servir para cambiar el Código Penal en su aplicación a los policías, atendiendo a las circunstancias concurrentes, intención al actuar, daño originado, etc., porque ahora, ante cualquier error de interpretación o actuación, un policía es condenado y expulsado del Cuerpo. Y gracias que, en contra de lo que dicen algunos en este Cuerpo, y hasta algún sindicato, el 99% de los jueces están de nuestra parte.

Tres años antes de esa reforma del Código Penal se aprobó la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como "Ley Corcuera" o "de la patada en la puerta", que establecía la legalidad de una identificación en la calle por la policía a cualquier ciudadano, para investigar o prevenir hechos delictivos o por resultar sospechoso el afectado, regulando igualmente que en caso de no acreditar su identidad podía trasladarse a la comisaría más cercana, por el tiempo mínimo imprescindible, a efectos de identificación. Esta práctica policial ha sido consideraba acorde con los principios de nuestra carta magna por el Tribunal Constitucional en diversas sentencias, por lo que, aplicada en sus justos términos, no plantea mayor problema, salvo los derivados de la interpretación práctica que realiza de esta actuación profesional el Tribunal Supremo.

Porque decretada la constitucionalidad de la identificación en la vía pública, los criterios, límites y condiciones de esa práctica corresponde establecerlos al Tribunal Supremo, que en numerosas sentencias se pronuncia a favor de la misma pero siempre, en todos los casos, parte de que debe darse el principio para identificar a un ciudadano de que exista un indicio racional de que ha cometido un delito, lo puede cometer, o en diligencias de investigación, pero no existe jurisprudencia ninguna en la que se establezca que un policía puede identificar indiscriminadamente, sin motivo alguno de sospecha, a un ciudadano. Aquí es donde se produce la quiebra del sistema de actuación en la calle: en su propia base. Es una rara excepción que se produzcan denuncias contra nosotros por este hecho, pero casi siempre que las hay acaban en condenas y expulsión de los actuantes. Es una lotería que le puede tocar a cualquiera, normalmente de "Zs" o UPRs, aquellos que están en la calle de uniforme y a los que se les exige un mínimo de objetivos de "delincuentes cualificados", lo que obliga a realizar cientos de identificaciones indiscriminadas y en contra de la legalidad establecida.

Desde hace unos años se ha establecido en la Policía un sistema de dirección por objetivos que es una aberración, pone en riesgo nuestras garantías jurídicas y vulnera los derechos constitucionales de los ciudadanos. Las identificaciones en la vía pública de un ciudadano no se legalizaron para hacerlas de manera masiva a e indiscriminada, sino para proteger la actuación policial en casos de identificación de sospechosos. Solo hay que irse al diario de sesiones del Congreso del debate de la "Ley Corcuera" para comprender el inmenso retroceso en materia de derechos civiles experimentado desde entonces, y el grave riesgo, máxime con la reforma del Código Penal de 1995, en la que debemos trabajar para satisfacer una política de seguridad errónea, basada en la estadística y que permite cualquier medio para conseguir el fin.

Esas políticas de dirección por objetivos de las grandes empresas, para primar o no a sus directivos, se ha trasladado a la Policía parcialmente e invertida, pues se exige que desborde la ley al último eslabón de la cadena, al policía de la escala básica, se le resta productividad o se le cambia de destino si no actúa en la calle con riesgo de sufrir una condena, pero la Junta de Gobierno, los jefes superiores, los comisarios provinciales..., ni perciben menos productividad, ni existe un baremo justo para una verdadera dirección por objetivos, -valorando los medios y las circunstancias-, ni ponen en riesgo su profesión por cumplir el plan de seguridad a cualquier precio, sin respetar la ley los derechos de los ciudadanos ni los derechos de los policías. En mi opinión es una práctica ilegal, profesionalmente injusta y moralmente inaceptable.

A esta situación que se ha ido estableciendo los últimos años sin que ningún gobierno, ni el socialista de Felipe González que la creo, ni el popular de José María Aznar, ni el actual de Rodríguez Zapatero hayan sido capaces de cambiar, (ni siquiera han estudiado borrar la palabra "definitiva" de los dos artículos del Código Penal para dar a los policías la misma posibilidad de graduar su condena que a los cómplices de los terroristas), se suma ahora la Circular 1/2010 sobre la aplicación de la Ley de Extranjería.

Esa circular, elaborada sin conocimiento de los responsables políticos, dice en cada una de sus páginas que es un documento secreto y que el cambio en la Ley de Extranjería no afecta en nada a la operatividad policial; que hay que seguir aplicando los sistemas preferentes u ordinario de expulsión pero siempre con la detención, ignorando la posibilidad de establecer una multa, supone un paso más en la escalada en la que estamos inmersos de no respetar derechos constitucionales, de aplicar la ley más allá de lo que dice la norma, poniendo en riesgo nuestra seguridad al actuar como policías.

Si el Gobierno quiere que este año se superen en Madrid 445.000 identificaciones y 22.000 detenidos debe hacer una ley que diga: "los policías podrán solicitar la identificación de cualquier ciudadano sin causa justificada". Mientras no sea así y la doctrina del Tribunal Supremo sea la que es, cualquier identificación no justificada es un riesgo para tu seguridad. Estás jugando a la ruleta rusa, y si te toca, despídete de tu profesión. Porque además, no confíes en que el Gobierno te indulte, pues rara vez lo hace. Hay que saber que esta es la situación y los mandos policiales y los responsables políticos deben replantearse qué estamos haciendo en seguridad pública en nuestro país en los últimos años.

Esta es la verdad situación de nuestra protección jurídica. A partir de hoy difundiremos cada condena y expulsión de un policía para que sea conocida, porque mañana te puede tocar a ti.

Madrid, 16 de febrero de 2010

José Manuel Sánchez Fornet
Secretario General

[mariachito]

Pues si, nuestra inseguridad juridica es total, asi es muy dificil por no decir imposible trabajar. Mientras los mandos que estan totalmente influenciados por una u otra corriente politica nos piden que saquemos el trabajo adelante, para posteriormente entregar medallas entre comisarios, secretarios, personajes politicos, esto es personal muy operativo

[Blackcop]

No hace falta irse tan lejos, señores como el Juez Garzón, puesto en entredicho en varias y recientes ocasiones, permiten que siga dictando sentencias, y como este señor otros muchos que prevarican, dictan sentencias bajo una evidente influencia personal, una clarisima animadversion por los Cuerpos Policiales, una desmedida rectitud y acoso al funcionario Policial.. etc etc y hay siguen, amparados por el Consejor General del Poder Judicial y arropados por sus "sindicatos" tipo Jueces por la democracia...etc etc, vamos que llega al extremo que dependiendo que juzgado te cae, sabes si te van a dar estopa o simplemente van a hacer su trabajo de manera profesional y sin prejuicios o afinidades de antemano.