[citando a: javiliz]
[citando a: Triarii]
Hasa ahora todo son muertes de soldados Españoles en el Sáhara excepto cuando bombardeó la aviación Española, pero abatimiento de polisarios por parte de soldados Españoles con su CETME ¿Se sabe a ciencia cierta si se llegó a dar?
Por lo que me han contado, te lo puedo asegurar.
Saludos.
Es increíble que después de más de treinta años nos estamos haciendo estas preguntas.
Cierto que el conflicto no ha terminado.
Pero estamos en nuestro derecho de saber lo que ocurrió.
Santa Cruz de Tenerife.- La presidenta de la Asociación Canaria de Víctimas de Terrorismo (Acavite), Lucía Jiménez, afirmó en rueda de prensa que lo que su asociación busca no son "culpables" sino el reconocimiento institucional como víctimas de terrorismo para los afectados en el "conflicto del Sáhara".
Tanto la presidenta de Acavite como su homólogo de la Federación Autonómica de Asociaciones de Víctimas de Terrorismo de España, Joaquín Vidal, se reunieron hoy con el presidente del Parlamento de Canarias, Antonio Castro, para presentar una moción parlamentaria y solicitar un pleno histórico en el que se les reconozcan como víctimas.
Según Jiménez, no sólo los afectados no han sido considerados como víctimas de terrorismo, sino que sólo se han reconocido como "víctimas laborales" a los cuerpos que eran rescatados.
Son cerca de un centenar los canarios censados por el Ministerio del Interior, en su mayoría pescadores, los que sufrieron explosiones de minas de fosfatos, secuestros, atentados y asesinatos durante el conflicto.
Según los datos recabados en las hemerotecas, el número de víctimas es mayor ya que muchos aún no conocen la existencia de la asociación y porque a éstos hay que sumar a los familiares directos, informó Jiménez.
La asociación está formada por afectados de este conflicto pero pueden solicitar su incorporación cualquier víctima de otro grupo terrorista.
La también vicepresidenta de la Federación Autonómica de Asociaciones de Víctimas de Terrorismo manifestó que la lucha de su organización se basa en que tanto las Instituciones públicas como la sociedad canaria reconozcan legal y moralmente los daños causados a las víctimas, los respeten y los reparen.
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