Mensajepor pablo1984 » 09 Sep 2013 15:05
Éstas y otras muertes dieron el tono anticristiano de la revolución. Pero no fueron sólo ellas. La destrucción de iglesias, el aniquilamiento de los signos religiosos, la rabia con que se bombardeó la misma Catedral ovetense para reducir a los guardias civiles refugiados en ella o la saña con que se quemó el palacio episcopal o el Seminario indicaban el sentimiento anticatólico que dominaba el pensar y actuar de la práctica totalidad de los partidos de izquierdas de la época. La llamada revolución de Asturias se convirtió, así, en el primer intento socialista de implantar violentamente la dictadura del proletariado en toda España. Aunque fracasó, los socialistas no abandonaron la idea de hacer otro intento revolucionario.
Un mes antes de las elecciones de 1936 quedaron disueltas las primeras Cortes ordinarias de la Segunda República y convocadas las elecciones de las que se cumplen 75 años. Por ellas, bajo incuestionables sospechas de fraude, llegaron al poder algunos de los partidos más violentos y exaltados, creando una situación tan insostenible que los exponentes más moderados del Ejecutivo fueron incapaces de controlar. Comenzaron, de este modo, desde el 16 de febrero de 1936 una serie de huelgas salvajes, alteraciones del orden público, incendios y provocaciones de todo tipo que llenaban las páginas de los periódicos y los diarios de sesiones de las Cortes.
Lo más deleznable, además del hecho, fue la más que evidente complicidad de algunas autoridades en estos episodios. Se incrementó sensiblemente desde aquella fecha la prensa anticlerical y facciosa que incitaba a la violencia, como La Libertad, El Liberal y El Socialista. Según datos oficiales recogidos por el Ministerio de la Gobernación, completados con otros procedentes de las curias diocesanas, durante los cinco meses de gobierno del Frente Popular varios centenares de iglesias fueron incendiadas, saqueadas, atentadas o afectadas por diversos asaltos; algunas quedaron incautadas por las autoridades civiles y registradas ilegalmente por los ayuntamientos. Varias decenas de sacerdotes fueron amenazados y obligados a salir de sus respectivas parroquias; otros fueron expulsados de forma violenta; varias casas rectorales fueron incendiadas y saqueadas y otras pasaron a manos de las autoridades locales; la misma suerte corrieron algunos centros católicos y numerosas comunidades religiosas; en algunos pueblos de diversas provincias no se permitía celebrar el culto, prohibiendo el toque de campanas, la procesión con el Viático y otras manifestaciones religiosas; también fueron profanados algunos cementerios y sepulturas como la del Obispo de Teruel, Antonio Ibáñez Galiano, y los cadáveres de religiosas de algún convento. Igualmente frecuentes fueron los robos del Santísimo Sacramento y la destrucción de las Formas Sagradas. Se creó, pues, un clima de terror en el que la Iglesia era el objetivo fundamental.
Los españoles son el único pueblo mediterráneo verdaderamente valiente e inmediatamente organizarían guerrillas en nuestra retaguardia. No se puede entrar en España sin permiso de los españoles.