Mensaje por tuareg » 16 Sep 2012 16:55
DEL CORREO.COM
Al otro lado del teléfono sonaba un ruido metálico. Click, click, click... «¿Lo oyes?», dijo una voz. «Es una pistola. ¡La estoy cargando y voy a ir ahí a mataros a todos!». La advertencia iba dirigida a la funcionaria de Lanbide que respondió la llamada en la oficina de Barakaldo. Ayer se juzgó a A.M.B. por una falta de amenazas y otra de coacciones, pero este individuo de 34 años y perceptor desde 2003 de la renta de garantía de ingresos (RGI, antes conocida como renta básica) no acudió a la vista. Sí lo hizo la trabajadora que desde entonces vive con miedo.
El juicio de faltas tuvo lugar en el Palacio de Justicia de Barakaldo pese a la ausencia del acusado. Según el relato de la afectada, fue el lunes 3 de septiembre cuando sonó el teléfono. «Estaba muy alterado. Dijo su nombre y que le teníamos que pagar la RGI, porque no la había cobrado». La funcionaria le advirtió de que no podía compartir ningún dato por teléfono y que para cualquier aclaración el afectado debía personarse en la oficina. «Tengo una 9 milímetros en el cajón de mi mesa y quiero que en tres días se me haya pagado todo», insistió. A.M.B. también le conminó a su interlocutora, después de darle su teléfono, a que le llamara en cuanto el asunto estuviese aclarado.
«Yo le repetí que no se podía hacer eso por teléfono», explicó la funcionaria a la jueza. Un rato más tarde, aquel mismo 3 de septiembre, el hombre volvió a telefonear. «Dijo que iba a coger la pistola y que nos iba a matar a todos». La mujer le insistió en que fuese a la oficina. «Voy a ir mañana a las ocho de la mañana y os voy a pegar un tiro».
Ante semejante perspectiva, el personal de Lanbide alertó a la Ertzaintza para que vigilase sus dependencias al día siguiente. Desde las ocho de la mañana se formaron las colas de costumbre, aunque nadie sabía si entre el gentío estaba A.M.B., hasta que llegó su turno. La casualidad quiso que fuese a sentarse justo en el puesto de la funcionaria a la que había amenazado el día anterior. «Cuando me dio el DNI vi que era él. Quería saber por qué no había cobrado el mes de agosto. Le dije que tenía que renovar su petición de empleo». Porque desde que Lanbide asumió la gestión de la RGI, la percepción de esta ayuda está vinculada a la búsqueda activa de trabajo. «Muy tranquilo, rellenó una hoja de alegaciones. Luego, la Ertzaintza le llevó fuera y no hubo ningún problema».
Puede que el asunto se hubiese quedado como una anécdota si el pasado lunes no hubiese regresado a las coacciones. «Volvió a llamar, me dijo que no había cobrado. De fondo se oía un ruido, como que estaba cargando una pistola». «¿Lo oyes?», preguntó él. «¡Os voy a matar a todos! ¡Si no me lo arregláis, os mato!». Según declaró la funcionaria, «estaba muy alterado. Preguntaba que por qué se le exigía que estuviese inscrito como demandante de empleo si a los extranjeros no se les pedía eso».
Multa de 240 euros
A la empleada de Lanbide la amenaza le pareció «creíble». Admitió ante el juez que desde entonces vive con «miedo» y, por eso, insistió en que «viniese una patrulla» a su puesto de trabajo.
Tras la declaración, el abogado del Gobierno vasco que lleva el asunto presentó sus conclusiones: pide que A.M.B. sea condenado por una falta de amenazas y por otra de coacciones. Y solicita que se le imponga la pena máxima que recoge el Código Penal para estos casos, una multa que asciende a la muy modesta cantidad de 240 euros. Además, el letrado reclamó que se le prohíba acercarse a la oficina de Lanbide en el centro de Barakaldo y su expediente sea trasladado a la más próxima, en el barrio baracaldés de Burceña.
Lo más serio de todo lo anterior es que no se trata de un caso aislado. Desde principios de año Lanbide ha abierto expediente a 27 personas (22 en Bizkaia, 3 en Gipuzkoa y 2 en Álava) por amenazar o insultar a los empleados del servicio público. A todos se les ha retirado la prestación durante un mes, una sanción que, en caso de reincidencia, se prolongaría durante un año.
De este modo, los funcionarios de Lanbide se unen a docentes y sanitarios como colectivos que sufren de manera más frecuente las iras de ciudadanos disconformes con la calidad del servicio de turno, o que se dejan llevar por la frustración que les produce una situación que les pone al límite. Desde Lakua prometen contundencia. «No vamos a tolerar ningún ataque», proclama el director de Recursos de Lanbide, Esteban Ruiz. Lo mismo habían advertido en Educación y ya hay una mujer en prisión por apalear a la maestra de su hijo.
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Al otro lado del teléfono sonaba un ruido metálico. Click, click, click... «¿Lo oyes?», dijo una voz. «Es una pistola. ¡La estoy cargando y voy a ir ahí a mataros a todos!». La advertencia iba dirigida a la funcionaria de Lanbide que respondió la llamada en la oficina de Barakaldo. Ayer se juzgó a A.M.B. por una falta de amenazas y otra de coacciones, pero este individuo de 34 años y perceptor desde 2003 de la renta de garantía de ingresos (RGI, antes conocida como renta básica) no acudió a la vista. Sí lo hizo la trabajadora que desde entonces vive con miedo.
El juicio de faltas tuvo lugar en el Palacio de Justicia de Barakaldo pese a la ausencia del acusado. Según el relato de la afectada, fue el lunes 3 de septiembre cuando sonó el teléfono. «Estaba muy alterado. Dijo su nombre y que le teníamos que pagar la RGI, porque no la había cobrado». La funcionaria le advirtió de que no podía compartir ningún dato por teléfono y que para cualquier aclaración el afectado debía personarse en la oficina. «Tengo una 9 milímetros en el cajón de mi mesa y quiero que en tres días se me haya pagado todo», insistió. A.M.B. también le conminó a su interlocutora, después de darle su teléfono, a que le llamara en cuanto el asunto estuviese aclarado.
«Yo le repetí que no se podía hacer eso por teléfono», explicó la funcionaria a la jueza. Un rato más tarde, aquel mismo 3 de septiembre, el hombre volvió a telefonear. «Dijo que iba a coger la pistola y que nos iba a matar a todos». La mujer le insistió en que fuese a la oficina. «Voy a ir mañana a las ocho de la mañana y os voy a pegar un tiro».
Ante semejante perspectiva, el personal de Lanbide alertó a la Ertzaintza para que vigilase sus dependencias al día siguiente. Desde las ocho de la mañana se formaron las colas de costumbre, aunque nadie sabía si entre el gentío estaba A.M.B., hasta que llegó su turno. La casualidad quiso que fuese a sentarse justo en el puesto de la funcionaria a la que había amenazado el día anterior. «Cuando me dio el DNI vi que era él. Quería saber por qué no había cobrado el mes de agosto. Le dije que tenía que renovar su petición de empleo». Porque desde que Lanbide asumió la gestión de la RGI, la percepción de esta ayuda está vinculada a la búsqueda activa de trabajo. «Muy tranquilo, rellenó una hoja de alegaciones. Luego, la Ertzaintza le llevó fuera y no hubo ningún problema».
Puede que el asunto se hubiese quedado como una anécdota si el pasado lunes no hubiese regresado a las coacciones. «Volvió a llamar, me dijo que no había cobrado. De fondo se oía un ruido, como que estaba cargando una pistola». «¿Lo oyes?», preguntó él. «¡Os voy a matar a todos! ¡Si no me lo arregláis, os mato!». Según declaró la funcionaria, «estaba muy alterado. Preguntaba que por qué se le exigía que estuviese inscrito como demandante de empleo si a los extranjeros no se les pedía eso».
Multa de 240 euros
A la empleada de Lanbide la amenaza le pareció «creíble». Admitió ante el juez que desde entonces vive con «miedo» y, por eso, insistió en que «viniese una patrulla» a su puesto de trabajo.
Tras la declaración, el abogado del Gobierno vasco que lleva el asunto presentó sus conclusiones: pide que A.M.B. sea condenado por una falta de amenazas y por otra de coacciones. Y solicita que se le imponga la pena máxima que recoge el Código Penal para estos casos, una multa que asciende a la muy modesta cantidad de 240 euros. Además, el letrado reclamó que se le prohíba acercarse a la oficina de Lanbide en el centro de Barakaldo y su expediente sea trasladado a la más próxima, en el barrio baracaldés de Burceña.
Lo más serio de todo lo anterior es que no se trata de un caso aislado. Desde principios de año Lanbide ha abierto expediente a 27 personas (22 en Bizkaia, 3 en Gipuzkoa y 2 en Álava) por amenazar o insultar a los empleados del servicio público. A todos se les ha retirado la prestación durante un mes, una sanción que, en caso de reincidencia, se prolongaría durante un año.
De este modo, los funcionarios de Lanbide se unen a docentes y sanitarios como colectivos que sufren de manera más frecuente las iras de ciudadanos disconformes con la calidad del servicio de turno, o que se dejan llevar por la frustración que les produce una situación que les pone al límite. Desde Lakua prometen contundencia. «No vamos a tolerar ningún ataque», proclama el director de Recursos de Lanbide, Esteban Ruiz. Lo mismo habían advertido en Educación y ya hay una mujer en prisión por apalear a la maestra de su hijo.
