Glimmer escribió:jrdc1 escribió:Al poder no le gustan las ILPs, y por esa vía no vamos a conseguir nada. O lo hacemos vía voto - y eso también lo veo imposible - o luchamos por la vía administrativa, que es la única que no depende de su voluntad. A no ser que cambien la ley de procedimiento administrativo, cosa poco probable, afortunadamente.
Si algún día hubiese una Ley de Armas en este país, algo deseable pero harto difícil, no sería mediante ILP sino por iniciativa política de algún grupo parlamentario en Cortes que llegase a buen puerto. Hoy por hoy, ciencia ficción, lo que no quita para que haya que seguir presionando políticamente sobre el asunto.
Lo de aglutinar voto contra cualquier partido que diga amén a los caprichos liberticidas de la ICAE es también misión complicadísima, aunque sería lo coherente y lógico.
Pero meterse en un zarzal jurídico contra una directriz europea que los Estados pueden endurecer a su gusto es, además de complejo, carísimo. De hecho, ningún bufete serio de abogados recomendaría esta vía con unas mínimas expectativas de éxito para el cliente. Y si el cobro de su minuta dependiera del triunfo del recurso, algo que ningún despacho aceptaría por motivos obvios, menos todavía. Por algo será.
No planteo una lucha contra la directiva europea, sino contra una tramitación deficiente del procedimiento administrativo necesario/obligatorio para la aprobación del Real Decreto. Deberíamos obligar a la administración a hacer las cosas bien. Que quieren modificar un Reglamento a su gusto? OK, pero que podamos alegar, y que contesten a las alegaciones, como están obligados. Que les supone una pesadilla administrativa? Si, claro, y por eso la utilizamos. Es nuestra única defensa.
Y un contencioso administrativo no es tan caro. Desde luego, no hablamos de 50.000 EUR ni de lejos. Por lo que tengo oído, en primera instancia puede suponer unos 1.000 EUR entre abogado y procurador, pero supongo que algún colegiado nos lo puede confirmar o desmentir fácilmente.
Saludos