HanSolo5 escribió:Pues parece que no hay que ser millonario para reclamar justicia en Estrasburgo…
No nos confundamos.
Desde 2011, los procedimientos presentados cada año en la vía del contencioso-administrativo han disminuido un 32% (de 290.000 a 196.000).
¿Que por qué?
Porque al gasto en abogados y procuraduría hay que sumarle las tasas y, en caso de perder el juicio, las costas procesales... sin límite, que esa es otra. Sólo se establece un límite a las costas que un ciudadano como el jubilado de tu ejemplo puede cobrar tras la sentencia cuando es la propia Administración la que debe de pagar. Muchas veces no cubren el coste del pleito, que puede haber durado años. En España se ha pasado del 'quien denuncia sin fundamento paga' a, directamente, 'quien pierde paga' tras la reforma de 2011.
Lo habitual, por otra parte, es pedir como medida cautelar la suspensión de la ejecución del acto recurrido pero, en este caso, el Juzgado nos podría exigir, para la efectividad de la medida cautelar, la prestación de caución o garantía para responder de los posibles perjuicios (art. 133 de la LJCA). Otra piedra en el camino en un eventual recurso judicial contra el nuevo Reglamento ya de por sí muy difícil de llevar a buen puerto conforme a Derecho. Y es que el ejemplo del jubilado, que pleitea con éxito contra un ayuntamiento que se salta su propia ordenanza en materia de concesión de licencias para bares, no tiene nada que ver con el zarzal jurídico de recurrir en Estrasburgo una directiva europea de mínimos sobre armas que faculta a cada Estado poder endurecerla.
HanSolo5 escribió: Esbien sencillo crear una nueva asociación
El asunto es burocráticamente más complejo que abrir un chat y buscar un nombre ocurrente para una nueva asociación, teniendo en cuenta además que ya existe ANARMA.
Que nadie olvide, obvie o desconozca todo esto:
http://www.asociaciones.org/index.php?o ... &Itemid=41HanSolo5 escribió: El objetivo, exigir por vía judicial hasta llegar a Estrasburgo una ley de armas generosa y garantista como en Italia, Francia y Alemania.
Resulta absolutamente inviable lograr una Ley de Armas por vía judicial. Lo que no puede ser no puede ser y, además, es imposible, como decía un político andaluz. Los tribunales están para velar por la adecuación de las normas al marco jurídico vigente y, de ser así, por su correcta aplicación; no para suplantar a un Parlamento aprobando leyes, a Ejecutivos dando luz verde a decretos o a ministerios mediante órdenes.
Todos y cada uno de nosotros debemos asumir, desde la humildad intelectual, que el desconocimiento nunca es buen puerto de partida si queremos evitar que el barco de las reivindicaciones naufrague, entre indisimuladas sonrisas irónicas, antes de soltar amarras.
Si algún día hubiese una Ley de Armas en este país, algo deseable pero harto difícil, no sería mediante ILP o vía judicial, sino por iniciativa gubernamental o de algún grupo parlamentario en Cortes que llegase a buen puerto. Hoy por hoy, ciencia ficción, porque nadie con posibilidades de éxito quiere retratarse con esa patata caliente. Esto no quita para que haya que seguir presionando políticamente sobre el asunto. Se trata de evitar que siga siendo la Guardia Civil la que tenga la sartén por el mango mientras el Gobierno de turno dice amén por decreto a sus caprichos coercitivos.
Entretanto, carece de sentido reproducir antiguas ‘negociaciones amables’ con la ICAE, que lo único que pretende es el desarme paulatino de la población. Para muestra, un botón: Entre fotos ridículamente condescendientes como las que tú mismo has reproducido aquí para refrescarnos la memoria, la Guardia Civil nos dijo lo que queríamos oir en las reuniones que hubo en 2017 y 2018 para, finalmente, redactarle al Gobierno un proyecto de reforma reglamentaria (el de enero de 2019) absolutamente prohibicionista que, por suerte, logramos parar a base de movilización y porque había elecciones generales cerca. No como ahora.